Tengo 30 años como consultor en eficiencia energética, oficio desde el cual me ha tocado ver y participar de diferentes iniciativas y experiencias tanto en mi natal Canadá, Chile y Estados Unidos.Pero mientras he visto con sorpresa que en Chile el actual Gobierno optó por rebajar drásticamente (en casi 90%) el presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (antes conocida como Programa País Eficiencia Energética) desmantelando también a su equipo humano, lo que viví en California hace menos de una década fue totalmente distinto y por eso me parece relevante compartirlo.
Entre los años 2000 y 2003 trabajé en California sobre la eficiencia energética.
En ese Estado se inició un plan de eficiencia energética en 1975 orientado a reducir la peligrosa curva de consumo de sus habitantes y el alto precio de la energía. Curiosamente, el gobernador que inició todo esto fue el demócrata Jerry Brown, quien es hoy nuevamente la máxima autoridad estatal.
Desde 1990 a la fecha, la CPUC (California Public Utilities Commission) impuso a las casi 10 compañías eléctricas del Estado (que funcionan como monopolios verticales integrados, encargándose de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los hogares e industrias) un fondo denominado Public Benefits Charge: PBC.
Hablamos de entre uno y tres centavos por kilowatt hora que se pagan como un ítem de las cuentas eléctricas mensuales, con los que se reúne un promedio de 300 millones de dólares anuales que se destinan por ley a normativas y programas de eficiencia eléctrica. Esto va en directo beneficio de una población de 35 millones de personas, con una tasa de 1,5% de crecimiento anual para un aumento del consumo eléctrico del 1,6% en la última década, y un consumo promedio de 275 TWH (Tera watts/Hora).
La CPUC y este fondo verde han ayudado a los usuarios a ahorrar más de 118 TWh, lo suficiente para proveer de energía a más de 18 millones de hogares por un año, rebajando las cuentas de luz en $9,9 billones de dólares, sin bajar un ápice su nivel de vida.
Con esto, se ha evitado generar más de 61 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes a retirar 8,6 millones de autos de circulación. El gasto en estos 30 años ha sido de 4,5 billones de dólares lo que ha permitido ahorrar 40 Terawatts hora y 12 Gigawatts con tres grandes áreas de trabajo: programas de ahorro, normas de edificación y etiquetado de electrodomésticos.
En ese período, el consumo eléctrico per capita en California se ha mantenido constante en 37 años, pasando de 6 mil GW a 7 mil GW, en contraste con un incremento del 50% en el resto de los Estados Unidos, que subió su consumo de 8 mil a 12 mil, ahorrando a razón de 15 GW por 2003 de acuerdo a los datos de la CEC (California Energy Commission) entidad que apoya a la CPUC con la emisión de estándares oficiales para equipos eléctricos eficientes y normativas para la construcción.
Como ya he mencionado, Chile pareciera ir en la dirección opuesta con las medidas que se han tomando en los últimos 18 meses. Pero un tema tan relevante como la energía de un país no puede depender de la voluntad del gobierno de turno. Se requiere una política energética y una ley que promueva la eficiencia energética, para tomar acciones concretas básicas, como estándares mínimos para rendimiento energético de las tecnologías de iluminación, refrigeradores y motores industriales, así como de metas para la reducción en el consumo de electricidad en la edificación y una campaña permanente de información al usuario.
Tomadas estas medidas, la construcción de nuevas centrales a carbón o hidroeléctricas se alejaría del horizonte y los ahorros producidos pueden dedicarse a mejorar los sistemas de salud y de educación.
En más de una ocasión se ha comparado a Santiago con California, ya sea por la densa capa de smog en Los Angeles, por la hermandad entre los puertos de San Francisco y Valparaíso, por los vinos de Napa Valley o por su clima. Sería el momento de mirar para allá una vez más para inspirarse en este buen ejemplo y comprender que nuestro país puede apuntar a una Ley de Eficiencia Energética que permita realizar ahorros igualmente relevantes, sin tener que invertir un solo peso en nuevas centrales.
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